Se van a cumplir los 38 años de la proclamación de la Constitución Española impuesta al conjunto de pueblos que hoy se integran forzosamente en el Estado español. Una norma liberticida que priva en la práctica de todas las libertades, civiles y políticas a los sectores populares; y que niega en particular la libertad de los pueblos sometidos por un Estado que, cabe recordar, se constituye como una corporación de poder organizada entorno a los altos mandos del ejército, de la policía, de los aparatos de justicia, los altos funcionarios ministeriales y de entidades principales, la autoridad del Banco de España, hoy supeditada a la que ejerce el Banco Central Europeo, y a la de otros poderes menores. Es en esta estructura de poder donde se insertan los tres niveles de la organización administrativa: central, autonómica y local (ayuntamientos, provincias e islas), en los que se vertebra la dominación estatal en ese plano territorial.
